22-03-2007 –
Alberto Barrionuevo en Estándares Abiertos .- Sin embargo, a día de hoy aún existe un problema que es imprescindible solventar: la actual redacción de esta Ley, asesorada principalmente por las típicas multinacionales informáticas, en la practica sólo otorgará ese nuevo derecho a aquellos ciudadanos que sean clientes de algunas de esas multinacionales, y en especial clientes de una que actualmente tiene el práctico monopolio de sistemas operativos y de la ofimática en las administraciones.
Esto significa que, según el actual borrador, esta ley no vela por que se ampare el derecho constitucional de igualdad y no discriminación ante la ley de todos los españoles.
Un repaso a la Constitución Española :
Constitución Española de 1978
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y Libertades
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Muy al contrario de lo dictado en la Carta Magna, la actual ley discrimina a cientos de miles de españoles, pues propugna la perduración y el respeto de los que llama «estándares establecidos» en vez de regularizar el uso de los «estándares abiertos» internacionales y públicos, que es lo que dicta y define el Marco Europeo de Interoperabilidad de la Unión Europea, y lo que además ya están haciendo en muchas otras legislaciones mundiales (muchas europeas, como Dinamarca y Bélgica , e incluso Francia , así como en España Extremadura).
Propugnar los «estándares establecidos» es algo equivalente a propugnar la perduración los «privilegios establecidos» para algunos discriminando al resto. Porque los «estándares establecidos» privilegian a unos pocos en contra de muchos. Esto es, los formatos de Microsoft, Adobe, AutoDesk, Apple, RealAudio, y demás «estándares establecidos» (cerrados, exclusivos, no estandarizados en realidad y no interoperables salvo consigo mismos) seguirán imperando como únicas plataformas con las que los españoles tendrán que ejercer su derecho a usar los servicios electrónicos de la Administración. Es lo que ocurre actualmente con muchas webs, con el DNI electrónico que sólo funciona en Windows, con el PADRE de Hacienda (el año pasado sólo funcionaba en Windows), con el sistema RED durante años, con muchos materiales audivisuales como los del Senado, etc.
Los «estándares abiertos» por contra garantizan que cualquier ciudadano o entidad, con una gran variedad de aplicaciones informáticas independientemente de su fabricante, podrá usar los servicios electrónicos de la e-Administración. Porque se supone que la e-Administración es para todos, y no sólo para los clientes de las empresas propietarias exclusivas de los «estándares establecidos».
Veámoslo con una analogía:
Imaginemos la situación de que existieran dos formatos de medida, uno el sistema métrico internacional y otro, las MS-Yardas, propiedad exclusiva de cierta empresa extranjera que para poder ser usadas han de ser licenciadas previamente (alquiladas) a dicha empresa por 600 Euros cada 3 años. ¿Cuál debería elegir la administración pública para interactuar con el ciudadano y las empresas a la hora, por ejemplo, de inscribir una propiedad or reforma inmobiliaria en el registro administrativo correspondiente?
Existen tres alternativas:
1) El sistema métrico en exclusiva para que cualquiera pueda utilizarlo sin restricción alguna.
2) El sistema métrico y el sistema de MS-Yardas, para que cada cual pueda elegier el que más le guste (aunque las MS-Yardas obligan a la Administración a gastar innecesariamente los impuestos de los ciudadanos en licenciar masivamente dicho formato en cada uno de sus puestos de trabajo).
3) El sistema de MS-Yardas exclusivamente porque lo que prima es que los funcionarios puedan elegir libremente entre las distintas opciones del mercado.
Bien, no sé si alguien habrá elegido la opción 3) (espero que no). La opción 2) sólo tendría sentido elegirla en caso de que las MS-Yardas fueran mucho mejores que el sistema métrico, pero no en el caso de que ambas midan igual de bien (aunque una requiere un pago previo y un respeto a ciertas restricciones que impone su propietario). La opción 1) es la que eligieron la mayoría de los países para sus administraciones desde hace siglos, y, de hecho, no sólo la eligieron, sino que «obligaron» a todos a utilizarla para interactuar con dichas administraciones (al igual que también obligaron a usar los idiomas oficiales de cada región para que no te viniera nadie con un escrito en zulú en mitad de Ucrania y hubiera que buscar rápidamente traductores para tramitarlo).
Y la pregunta ahora es: ¿es esta obligación mala? ¿Es, más bien, esta obligación una norma social necesaria para la convivencia y el buen entendimiento como cualquier otra ley justa? ¿Es malo que las leyes obliguen? ¿Es malo que las leyes regulen? ¿Para qué sirven si no regulan?
Pero desmintamos las tópicas excusas como la de «es para no molestar a los usuarios»: ¿acaso se obliga a algún ciudadano a cambiar las herramientas de medición a las que está acostumbrado y tanto le costó adquirir? ¿No serían más bien los fabricantes de esas herramientas los que han de adaptar sus herramientas a la normativa para así no molestar al usuario a cambiarse de herramienta? Por ejemplo, los fabricantes de vehículos se pasan la vida ajustando sus nuevos modelos a cada normativa de seguridad que aparece y no por ello los conductores tienen que volver a aprender a conducir. ¿O, por contra, alguien cree que se deben ensanchar las carreteras porque a algún fabricante se le ocurra fabricar vehículos de 5 metros de ancho y cadenas en vez de ruedas?
Es más: ¿se reduce la libertad de competencia porque la administración regule que se debe usar el sistema métrico y los idiomas oficiales para interactuar con ella? ¿Se consideraría discriminada a la empresa propietaria de las MS-Yardas (o la que hable zulú) por no poder usarse su sistema de medida para dialogar con alguna administración? ¿Se consideraría discriminado a un asesino por no dejarle asesinar? Y por otro lado, ¿qué le impide a dicho propietario de las MS-Yardas usar el sistema métrico como cualquier otro ciudadano o entidad?
Llegados aquí, la situación creada con esta analogía, cuyo resultado espero que se vea como algo totalmente absurdo, muestra exactamente lo mismo que está ocurriendo actualmente en el mundo del software. Resulta que existen unos ciertos tipos de MS-Yardas que debido a que el software está en su infancia histórica, y a que en su momento no había alternativa pública y abierta viable a las mismas, o a que venían atadas a cierto sistema monopolístico, se popularizaron y actualmente están siendo utilizadas masivamente por la Administración. ¿Pero significa eso que, ahora que ya existe alternativa métrica, las MS-Yardas se hayan de perpetuar por ley como «estándares establecidos»? ¿Debemos los ciudadanos y las administraciones seguir esclavizados a los designios de cualquier empresa para usar sus MS-Yardas cuando ya existen alternativas incluso mejores que son públicas, abiertas y gratuitas?
Web del Senado a 18-nov-2006 sólo para clientes de Microsoft Identifiquémoslo claramente:
MS-Yardas son muchos formatos de Microsoft como los de MS-Office.
MS-Yardas son las webs públicas con Flash 9 y con documentos PDF en sus últimas versiones (como muchos formularios).
MS-Yardas son todas las webs que obligan a usar «MS-Internet Explorer versión XY o superior» (como si Firefox, Konqueror o Safari fueran inferiores)
MS-Yardas son todas las publicaciones multimedia de la Administración Pública en formato Windows Media, en Real Audio o en QuickTime.
Y los equivalentes al sistema métrico son los ISO 26300 (OpenDocument) e ISO 19005 (PDF/A), los estándares de la W3C para la web, OGG y los MPEG (este último allá donde no sean legales las patentes de software -como en Europa-), etc.
Pero el sistema métrico también lo serían estándares abiertos tan vitales para la informática y la economía actuales como TCP/IP y DNS, los dos estándares abiertos sin los cuales Internet no existiría. Esos estándares son los que nos permiten estar hablando ahora sobre que hemos superado la Revolución Industrial y que ahora estamos en la Revolución de la Información. Esos estándares abiertos han permitido, al igual que hizo el sistema métrico durante la Revolución Industrial, que ahora podamos hablar de conceptos como la «Sociedad de la Información».
¡Sres. Políticos!, con mayúscula porque hablo de los políticos de verdad, no los de los pelotazos y los cohechos.
Repito, Sres. Políticos, Sres. Electos y Honoríficos Representantes de los Ciudadanos, Sres. interesados en cumplir los objetivos de Lisboa: ¿es posible que pasemos ya página a todos los formatos y protocolos arcáicos y cerrados, y demos por fin el paso de la interoperabilidad total para posicionar a nuestros países en primera fila de la Revolución de la Información?
¿Podemos ya dejar de inútilmente alimentar egos y magnates foráneos con los impuestos que tanto sudores nos cuestan y usar los sistemas métricos e idiomas del siglo XXI?
Dicho en plata: ¿regulamos ya el uso de los estándares abiertos o esperamos a que los chinos nos digan cómo hacerlo?
Mientras no lo hagamos, seguiremos en esa Era Industrial que acabó hace un siglo, y seguiremos perdiendo el tren de la competitividad y la Era de la Información de nuestro Siglo XXI.
Piénsenlo.